LA REFORMA TERRITORIAL PENDIENTE

El pasado 6 de julio se celebró en Granada una importante reunión del Consejo Territorial del PSOE, de la que nació una declaración política que marcará el horizonte del modelo territorial que propone el partido en los próximos años.

Uno de los aspectos fundamentales en el proyecto de construcción nacional es definir el modelo territorial. España, en los dos últimos siglos, ha navegado en un mar sin rumbo definido, improvisando muchas veces la relación que se establecía entre sus ciudadanos y las instituciones políticas que les representaba.

 A lo largo del siglo XIX se sucedió un estado centralista, el nacimiento del foralismo vasco y navarro, la derogación del mismo en la Restauración y el alumbramiento de un siglo XX en el que España fue, de nuevo Estado centralista, Estado integral en la II República, vuelta al Estado unitario con Franco, para terminar el siglo en la España de las autonomías, desarrollada en el Título VIII de la Constitución de 1978.

 En todo este tiempo, el PSOE no ha tenido un modelo propio. En los primeros años de su fundación defendió su ideario internacionalista en el que no se contemplaba un Estado con fronteras nacionales. A partir de la Conjunción republicano-socialista acepta la articulación del Estado con sus instituciones pero siempre con una idea de partido obrero y español, nada amigo de las reivindicaciones nacionalistas vascas y catalanas de inicios del siglo XX.

 Tras vivir una fase de indefinición territorial en la Dictadura de Primo de Rivera, apuesta por el Estado integral de la II República, en el que se permite la autonomía del País Vasco y Cataluña. La Guerra Civil española, sepultará la autonomía política otorgada a Galicia, País Vasco y Cataluña en la Constitución republicana y también propiciará una época de destierro político en el que el modelo territorial pasaría a un plano muy secundario.

Después, tras la muerte de Franco, se abre un proceso constituyente en el cual el PSOE tiene una importancia determinante. Es responsable, junto con UCD, de perfilar el Estado de las Autonomías. Representa un modelo a medio camino entre el Estado federal y unitario. En su filosofía, espíritu y articulación es federal pero no en su definición teórica ya que incumple alguno de los postulados clásicos del federalismo al uso, incluida la prohibición expresa que recoge el Artículo 145 de la CE para que las distintas comunidades autónomas puedan federarse.

De cualquier manera, fue un mecanismo adecuado para solucionar las tensiones territoriales nacionalistas y españolistas que estaban encima de la mesa en la redacción de la Constitución de 1978. Su desarrollo posterior ha desbordado con mucho lo que se pensó inicialmente, lo que explica que el Tribunal Constitucional haya tenido que intervenir en distintas ocasiones, la última en la derogación de algunos artículos del último Estatuto de Cataluña.

Ante este panorama, es evidente que es necesaria una reforma territorial consensuada para lo cual es imprescindible una reforma constitucional, en especial del Título III y del Título VIII. Una reforma de este calado debe ser pactada y consensuada por el mayor número de partidos representativos lo que legitimaría el proceso y le dotaría de lealtad institucional. Apuesto por una visión autonomista que, bajo mi punto de vista, se ajusta mejor al perfil político de España que un modelo puramente federal.

Pienso que España, por su naturaleza política, necesita una asimetría competencial que le niega un federalismo ortodoxo. Cataluña y País Vasco requieren una respuesta diferencial que de ninguna manera un Estado federal puede garantizarle como tal. El cupo vasco y la foralidad navarra, por poner un ejemplo, pueden convivir con un Estado de las Autonomías, asimétrico en virtud de los distintos estatutos de autonomía, pero no lo podrían hacer en un esquema federal puro.

Creo en la inercia federal que reivindican la Declaración de Santillana del Mar y la Declaración de Granada pero veo que el proceso de construcción histórica de España, por su peculiaridad y su singularidad, en materia lingüística, social y cultural, demanda una respuesta que trasciende la oferta de un Estado federal al uso. Ni PNV, ni CiU, ni mucho menos BNG y ERC, por no hablar del sector más nacionalista del PSC ven con buenos ojos una reforma territorial que no contemple estas singularidades, de manera que la pretendida reforma no solucionaría el problema territorial que emerge del Título VIII de nuestra Constitución.

En consecuencia, apuesto por una reforma integral de la Constitución de 1978 en aspectos claves para darle una funcionalidad y una flexibilidad de la que carece en vista del desarrollo autonómico de los últimos treinta años. Sinceramente, el concepto de España federal, España plural o España autonómica es más una cuestión de etiqueta, una cuestión terminológica, que no se diferencia demasiado en la praxis política. Lo verdaderamente importante es reformar aquello que no funciona y perfeccionar todo lo que se ha demostrado útil y eficaz para el bienestar de los ciudadanos.

Propongo reformar el Título III, modificando el Artículo 69.2 para que el Senado sea elegido por una circunscripción electoral a nivel de comunidades autónomas y no por  circunscripción provincial, lo que dotaría de una cultura autonómica a la propia constitución de la Cámara Alta. A su vez, propongo modificar el Artículo 90, para que el Senado deje de ser una cámara de segunda lectura y se convierta en una cámara de primera lectura en leyes de ámbito autonómico. De esta manera, el Senado podría convertirse en una verdadera cámara territorial, votada democráticamente. En el tiempo político que vivimos se necesita más democracia en todas las instituciones. Sería un error mayúsculo designar a los senadores sin haber pasado previamente por las urnas.

Sería necesaria, además, la reforma del Título preliminar, para redefinir desde el Artículo 2 qué se entiende por nacionalidad y qué por región, lo que clarificaría bastante la doctrina jurídica que imparte el Tribunal Constitucional. No obstante, el verdadero nudo gordiano de la reforma sería la modificación completa del Título VIII de nuestra Constitución.

Es imprescindible que la Carta Magna explicite y enumere las comunidades autónomas, para lo cual se debería reforma el Artículo 137. El nuevo reparto competencial, vía modificación de los Estatutos de Autonomía, deberá quedar claramente definido en la reforma de los artículos 148, 149 y 150 de la CE. Su indefinición ha provocado todo un lío de transferencias a las comunidades autónomas a lo largo de estas tres últimas décadas.

Si se quiere realmente que España sea un país descentralizado y autonómico, deben eliminarse las diputaciones provinciales, para lo cual se reformaría el Artículo 141. Las competencias de las mismas quedarían delegadas en las comunidades autónomas y en las mancomunidades municipales.

El nuevo reparto fiscal y tributario debe quedar perfectamente definido en la modificación y desarrollo de los artículos 157 y 158. Esto eliminaría mucha falta de acuerdo en el Consejo de política fiscal y financiera y mucha falta de sintonía entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas.

El PSOE debe pilotar e impulsar este nuevo proceso, debe invitar al PP y al resto de partidos políticos a comenzar a trabajar en una necesidad urgente de acometer una verdadera reforma territorial imprescindible para vacunar a España de nuevos intentos soberanista que no conducen a otra cosa que a un peligroso enfrentamiento político entre regiones de España. Debe impulsar la iniciativa política ofreciendo un pacto integral para regenerar la vida democrática a todos los niveles incluyendo el nuevo pacto territorial nacido de la reforma constitucional

El pacto debe incluir la culminación de todas las transferencias contenidas en los nuevos estatutos de autonomía que estarían refrendados por la reforma constitucional pero debe alejarse de todo acercamiento al discurso soberanista, debe garantizarse la lealtad del PSC en esta materia. Su credibilidad como partido de gobierno a nivel estatal está en juego porque siempre debe garantizar el cumplimiento efectivo de todas las leyes salvaguardando la Constitución. También está en juego su futuro como partido de gobierno y como verdadero agente vertebrador de una España que necesita más que nunca un nuevo pacto constitucional a todos los niveles.