jueves, 25 de julio de 2013

TONY JUDT: PENSAR EL SIGLO XX

 


            La obra póstuma de Tony Judt (1948-2010), representa uno de los análisis más interesantes que se han realizado hasta la fecha del siglo XX. Escrita con la colaboración del politólogo Timothy Snyder, en un novedoso formato de reflexiones compartidas a lo largo de un extenso diálogo, “Pensar el siglo XX”, representa el esfuerzo intelectual y personal de comprender un siglo a la luz de la experiencia personal de un hombre comprometido con el tiempo que le tocó vivir.
            Esta simbiosis de historia, recuerdos autobiográficos y ética política, comenzó a escribirse tres meses después de aparecer en la vida de Tony Judt una enfermedad degenerativa que precipitaría su muerte. La ELA (esclerosis lateral amiotrófica), avanzaba rápidamente conforme Judt nos dejaba un libro póstumo cargado de una reflexión nacida de su experiencia personal a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
            La trayectoria intelectual y vital de Tony Judt garantiza un análisis documentado y riguroso de la historia del siglo XX. Su formación como estudiante la realiza en el King’s College de Cambridge y en la École Normale Supèrieure de París y su docencia como historiador se desarrolla, entre otros lugares, en las universidades de Oxford, Cambridge, Berkeley y Nueva York, en la que fundó, en 1995, la cátedra de Estudios Europeos.
            Tony Judt, nació en Gran Bretaña en 1948, el año de la fundación del Estado de Israel. Su condición de judío, le marcaría su trayectoria intelectual, toda vez que en subconsciente colectivo de su familia latía la marcada huella dejada por el Holocausto. Este es el primer capítulo del libro, el diálogo íntimo que nace entre el niño judío que vive su infancia en los años inmediatamente posteriores a la II Guerra mundial y el historiador que amplía su perspectiva histórica analizando fríamente las consecuencias para el mundo del Holocausto.
            Entender un acontecimiento, según Marc Bloch, exige que el historiador renuncie a un único marco y acepte la validez de varios a la vez. Ese es el intento de Judt, comprender el Holocausto no desde un simple punto de vista personal o familiar, sino entendido como uno de los acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX y cuyas consecuencias éticas y políticas siguen pivotando sobre las relaciones internacionales entre Israel y el resto del mundo.
            El nacimiento del Estado de Israel, el mismo año del nacimiento de Judt (1948), responde a la respuesta moral que dieron las potencias occidentales, ganadoras de la II Guerra mundial, al descubrimiento del Holocausto. En buena medida, se sentían responsables del autismo que tuvieron a partir de la “Noche de los Cristales Rotos” (1938) con el pueblo judío, su política de distensión ante Hitler en la Conferencia de Münich del mismo año y  su no intervención hasta la ocupación de Polonia.
            El propio Judt afirma que “la cruda realidad es que los judíos, el sufrimiento y su exterminación de los judíos no constituyeron una preocupación enorme para la mayoría de los europeos (aparte de para los judíos y los nazis) de esa época. La importancia que hoy en día se concede al Holocausto, tanto desde el punto de vista judío como humanitario, no emergió hasta décadas más tarde” y concluye que “la historia de los judíos se convierte entonces en un relato de emancipación geográfica enfocado hacia el futuro para escapar de los lugares equivocados y encontrar el camino hacia otros mejores”.
            Aunque la cuestión judía no fue una preocupación nuclear en el pensamiento de Judt, siempre estuvo influido por la pertenencia afectiva y familiar a los judíos. Especialmente entusiasta fue la experiencia dentro del movimiento kibutz en su juventud. Sus padres encontraron una organización juvenil judía, Dror, que estaba asociada a un movimiento kibutz y organizaba viajes de verano a Israel para jóvenes judíos ingleses.
            Judt trabajó, a los quince años, durante siete semanas en el kibutz Hakuk, en Galilea, una experiencia que resultó altamente gratificante, porque desde ese momento, hasta después de la guerra de los Seis Días, participó activamente en el movimiento kibutz de izquierda.
            Como acertadamente reflexiona Judt, la esencia del sionismo laborista radicaba en la promesa del Trabajo Judío: la idea de que los jóvenes procedentes de la diáspora fuesen rescatados y trasladados  a los asentamientos colectivos de la Palestina rural para crear allí un verdadero campesinado judío, ni explotado ni explotador.
            Fue una experiencia para Judt gratificante, pero la guerra de los Seis Días, significó un punto de inflexión en su relación con Israel. Su alejamiento personal fue paralelo al distanciamiento de la izquierda internacional hacia el Estado israelí. Para Judt, “no fue la guerra de los Seis Días de 1967, sino más bien en el periodo transcurrido entre esa guerra y la de Yom Kippur de 1973, cuando la izquierda internacional abandonó a Israel. Esto, creo yo, tuvo más que ver con el trato que Israel dio a los árabes que con su política interior, que apenas cambió durante aquellos años”.
            Siendo el conflicto árabe-israelí uno de los acontecimientos nucleares del siglo XX, no lo fue menos el desarrollo del comunismo como forma de gobierno a partir de la Revolución rusa de 1917. La postura de Judt a favor de la socialdemocracia, excluía su simpatía hacia una ideología que, a partir de 1917, estableció la dictadura como eje vertebrador de su política.
            Y ello a pesar de contar con notables intelectuales y escritores que simpatizaron con el comunismo, como fue el caso de Eric Hobsbawm, un judío comunista elegido secretario de los Apóstoles, una sociedad secreta autoselectiva formada por los hombres inteligentes de Cambridge o la del propio George Orwell, aunque éste último fuera crítico con la línea oficial del comunismo.
            Su postura frente al comunismo es muy crítica, sobre todo con respecto al estalinismo como planteamiento. La existencia de gulags, su pacto con Hitler previo a la II Guerra Mundial, su modelo de ocupación de Europa del Este tras la finalización del conflicto armado son algunos de los rasgos a los que Judt se opone frontalmente. Incluso ve paralelismos entre el comunismo y el fascismo. Para, el pensador británico “el Estado soviético estaba violenta, decisiva y firmemente dirigido desde arriba: en aquellos primeros años, era todo lo que los futuros fascistas ansiaban y echaban en falta en la cultura política de sus propias sociedades. Para ellos era la confirmación de que un partido puede hacer una revolución, hacerse con un Estado y gobernar por la fuerza en caso necesario”.
            Ni siquiera se muestra entusiasta con la Revolución de 1968, aunque fue testigo directo del París revolucionario, quizás la última apuesta seria de cambiar las cosas desde la izquierda. La Primavera de Praga y antes la invasión de Hungría en 1956, había dejado claro que lo que se escondía tras el Muro de Acero que dividía Europa en dos mitades no era nada que pudiera ser defendido desde un óptima democrática ni socialdemócrata.
            Estos acontecimientos, a juicio de Judt, demostraron que, en lugar de permitir a un país emerger libremente de su autoridad, la URSS de Jruschov y de Breznev, estaba dispuesta a enviar tanques y matar a gente para conseguir sus fines, circunstancia que socavó de manera definitiva la simpatía que pudiera tener en el mundo occidental el comunismo soviético.
            Ante esta circunstancia, como apunta Judt, hay tres maneras de continuar siendo un crítico del proyecto soviético y, sin embargo, mantenerse en la extrema izquierda. La primera y menos importante era la denominada “marxismo occidental”: los intelectuales oscuros de la izquierda marxista que habían sido derrotados por el comunismo oficial pero continuaban autoproclamándose portavoces de un cierto tipo de marxismo internamente coherente. Son los casos de Antonio Gramsci, Karl Korsch o Lucien Goldmaann.
            La segunda línea era identificarse con el Marx joven, lo que implicaba compartir el renovado aprecio y énfasis por la faceta de Marx el filósofo, Marx el hegeliano, Marx el teórico de la alienación.
            El tercer factor, quizás el más importante de todos, fue la Revolución china y las revoluciones campesinas que estaban en marcha en Centroamérica, Sudamérica, el este y el oeste de África y el sureste de Asia. Curiosamente, estas revoluciones coinciden con el florecimiento de estudios agrícolas y sobre la revolución rural en el oeste de Europa y en Estados Unidos.
            La postura de Judt y su compromiso político tiene que ver con los postulados socialdemócratas que nacen en el contexto de la Segunda Internacional Socialista. El enfrentamiento en la misma entre el grupo más radical que encabezaba Rosa Luxemburgo  y el moderado de Eduard Berstein y Karl Kautsky se salda con el nacimiento de una corriente socialdemócrata que apuesta por la democracia para conquistar el poder por parte del proletariado. El gran debate de la socialdemocracia alemana, desde la muerte de Marx en 1883 al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, es sobre la función que el Estado capitalista podría y debería desempeñar para aliviar, controlar y replantear las relaciones entre empleadores y empleados.
            Es en esta última vertiente socialdemócrata es donde Judt se encuentra plenamente identificado. Su visión vertebradora del siglo XX por parte de esta tendencia es evidente en su simpatía hacia Léon Blum, líder del Frente Popular que gobernó Francia en 1936 o en la visión keynesiana para salir de la Gran Depresión.
            El keynesianismo en oposición a todo lo que representó en la otra orilla política y económica por Fiedrich Hayek, impulsor del revisionismo económico ultraliberal de los años ochenta en Gran Bretaña y Estados Unidos, es otra de las señas de identidad del pensamiento de Judt. Para Keynes no se podía esperar que los sistemas resuelvan sus problemas sin intervención. Los mercados no solo no se autorregulan de acuerdo con una hipotética mano invisible, apuntada por Adam Smith, sino que en realidad acumulan distorsiones autodestructivas con el tiempo. En su obra, “Teoría general” (1936) pone el poder estatal, fiscal y monetario en el centro del pensamiento económico, en lugar de verlos como aspectos secundarios del cuerpo de la teoría económica clásica.
            Por el contrario, Hayek en su libro “Camino de servidumbre” (1945), argumentaba que cualquier intento de intervenir en el proceso natural del riesgo del mercado tiene garantizado producir resultados de autoritarismo político. Su referencia era siempre la Europa Central germanohablante, en especial, Austria, su lugar de origen.
            La idea de un Estado intervencionista, que garantice la igualdad de oportunidades y un cierto nivel de renta que dignifique la vida de todos los ciudadanos de un país, es más necesaria que nunca, a la luz de los resultados macroeconómicos que está dejando la actual crisis económica. De otra manera, como señala Judt, en referencia a la inercia privatizadora de los Estados en las últimas décadas, la privatización le quita al Estado la capacidad y responsabilidad para reparar las deficiencias de la vida de la gente; elimina también ese mismo conjunto de responsabilidades de la conciencia de sus conciudadanos, que de este modo no sienten la carga compartida de unos dilemas comunes. Lo único que queda es el impulso caritativo derivado de un sentimiento individual de culpa hacia las personas que sufren.
            El Estado de bienestar, fue el logro de la izquierda democrática europea de la segunda mitad del siglo XX, en especial de los países escandinavos, y por extensión al resto de países independientemente del color político del gobierno de turno. La derecha liberal aceptó que el restablecimiento de las relaciones económicas de la postguerra mundial debía partir necesariamente de unas relaciones comerciales leales, de un sistema cambiario estable y de equiparación en el nivel adquisitivo de todos los ciudadanos europeos.
  Sin lugar a dudas, el Estado del bienestar y la cohesión social que este podía generar era una forma de evitar el extremismo político de la década de 1930. Por eso, en Europa Occidental, los compromisos entre socialdemócratas y cristianodemócratas, los Estados de bienestar y la desideologización de la vida pública eran moneda común.
            De ahí nace la emergencia del Plan Marshall y de los acuerdos de Bretton Woods, que derivó en el período de mayor prosperidad y estabilidad económica de la que ha disfrutado Europa en su historia contemporánea. Al otro lado del Telón de Acero, por el contrario, el COMECON y el Pacto de Varsovia no hicieron sino perpetuar un sistema político y económico de sumisión hacia la URSS que se vería completamente fracasado con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el posterior desmoronamiento de la URSS en 1991.
            Todo eso, a pesar, del impulso renovador de Mijaíl Gorbachov evidenciado en la Perestroika y la Glasnot, un elemento insuficiente para frenar el ansia de democracia y libertad de los países de Europa del Este. En este sentido, Judt pone en valor la acción del sindicato Solidaridad, de Lech Walesa o de Václav Havel con su “Revolución de Terciopelo”.
            Como gran conocedor de la historia de Europa del Este, como evidencia la dirección de la cátedra de Estudios Europeos en la Universidad de Nueva York, Judt sabía que el movimiento centrífugo que se inició en el 1989 no pararía hasta la caída de la URSS y del comunismo como modelo político.
            Era una ideología que había vertebrado el siglo XX con una intensidad mayor que el nazismo o el fascismo, dos formas de pensar que fueron sepultadas en el mismo acto que Hitler se suicidaba en el Führerbunker el 30 de abril de 1945. Sus páginas de terror, están íntimamente ligadas al Holocausto, una losa demasiado pesada para haber sobrevivido como ideología tras la II Guerra Mundial.
            El fascismo, nacido en el período entreguerras italiano, fue una respuesta al avance del comunismo y a las deficiencias del liberalismo tras la I Guerra Mundial. Su importancia no pasa desapercibida para Judt por cuanto despertaba simpatías en muchas capas de la población, desde la alta burguesía, al estamento militar y la iglesia. En algunos casos, se le veía como alternativa a un sistema liberal y democrático caduco, sin falta de discurso en el período entreguerras, en especial en el contexto de una Europa empobrecida.
            Los marxistas más ortodoxos no encontraban ninguna lógica de clase en los partidos fascistas. Les despreciaban como meros representantes superestructurales de la vieja clase gobernante, inventada e instrumentalizada con el propósito de movilizar el apoyo contra la amenaza de la izquierda.
            Muy pronto fueron la alternativa al sistema liberal y al comunismo en países como Alemania o Italia y su extensión provocó un conflicto bélico que dividió a España en dos mitades: la Guerra Civil española. Curiosamente, Judt relativiza mucho esta guerra y, también, la figura del general Franco y la dictadura que tuteló durante casi cuarenta años, quizás porque nunca se la consideró un peligro para las democracias occidentales de la época, sobre todo después de los Acuerdos españoles y norteamericanos de 1953.
 La Guerra Civil española es más un marco de escenificación de lo que vendría posteriormente en la II Guerra Mundial, a diferencia de que en España las democracias occidentales no tomaron partido en contra del fascismo, sino que tuvieron una postura pasiva y expectante mientras la II República española agotaba sus días.
            España, cuando estalló la Guerra Civil, estaba siguiendo un modelo que empezaba a resultar conocido: el de una república democrática bajo la amenaza de los fascistas o, en todo caso, de unas fuerzas antidemocráticas y reaccionarias como eran el ejército, los terratenientes y la Iglesia. En buena medida el golpe militar de 1936, en términos históricos, fue un golpe tradicionalmente español, en el que el ejército, como casi siempre, afirmaba hablar y actuar en nombre de la nación contra una clase política que estaba traicionando sus intereses.
            Fue una de las grandes guerras del siglo XX, un siglo marcado por los grandes conflictos armados y por la aparición de los grandes totalitarismos: el fascismo, el nazismo y el comunismo estalinista. El inicio de la I Guerra Mundial, en 1914, y la caída del Muro de Berlín en 1989, marcan los márgenes históricos de un “siglo corto”, como lo denominó Eric Hobsbawm, uno de los padres intelectuales de Tony Judt.
            Ahora, como bien resume Judt, se abre una reflexión crucial: consolidar algo que en el período entreguerras parecía un sueño utópico y que no es otra cosa que el hecho de forjar unos Estados democráticos y constitucionales fuertes, con una fiscalidad alta y activamente intervencionista, que podrían abarcar sociedades en masa complejas sin recurrir a la violencia o la represión.
            La elección a la que nos enfrentamos en la siguiente generación, subrayada por Judt en las últimas líneas del libro, no es entre el capitalismo o el comunismo, o el final de la historia y el retorno de la historia, sino entre la política de la cohesión basada en unos propósitos colectivos y la erosión de la sociedad mediante la política del miedo. La gestión de la crisis económica que asola el mundo y el sentimiento de cruzada contra el islamismo radical en distintos escenarios bélicos, avalan esta apreciación de uno de los grandes historiadores del siglo XX.

 

EL RETORNO AL ESPÍRITU DE SANTILLANA DEL MAR



El 30 de agosto de 2003, encarando un otoño clave para las aspiraciones del PSOE en las Elecciones Generales de marzo de 2004, comenzaba en la localidad cántabra de Santillana del Mar la reunión del Consejo Territorial del PSOE. Casi diez años después, el PSOE y el PSC vuelven a estar en la oposición y el espíritu de Santillana del Mar ha sido borrado completamente, entre otras cosas porque la gestión del mismo fue desastrosa.
            Lo que debería haber sido un punto de partida para una imprescindible reforma de nuestro modelo territorial a partir de los postulados socialistas del siglo XXI, se ha transformado en un conflicto que amenaza con romper, por un lado, el modelo de Estado y, por otro, el marco de relaciones entre dos partidos hermanos: el PSOE y el PSC.
            Justamente el espíritu y la letra de la declaración de Santillana del Mar trataban de establecer un marco sólido de relaciones institucionales entre todas las regiones y comunidades autónomas de España, basado en los principios de pluralidad y lealtad constitucional, teniendo como punto de referencia el título VIII de nuestra Constitución.
Para el encuentro se había preparado un documento titulado “La España plural: La España constitucional, la España unida, la España en positivo” del que, en primer lugar, destaca su título, el concepto de la España plural tan utilizado por Zapatero y cuyo primer usuario fue Pascual Maragall que lo venía manejando desde hacía dos años. La primera vez que lo utilizó fue en una conferencia leída en el Club Siglo XXI, el 8 de febrero de 2001, y presentada por el propio Zapatero en la que el dirigente catalán habló de su proyecto para España y de un nuevo consenso constitucional en el que se reconocieran los hechos diferenciales de Cataluña y Euskadi.
En Santillana del Mar se expresó la conveniencia de abordar la reforma de la estructura del Estado pero sin abandonar el Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución de 1978. La resolución planteaba unas reformas de carácter general como potenciar el Senado como auténtica Cámara territorial, al tiempo que se admitía la posibilidad de acometer otras eventuales reformas particulares o estatutarias con el fin de atender las demandas de incremento competencial y de mayor participación en las tareas estatales por parte de aquellas que lo plantean a través de la reformas estatutarias.
            Curiosamente el término federal no se mencionaba en el documento pero está claro que todo aquello que allí se planteó iba en la línea de federalización del Estado de las Autonomías, con una reforma constitucional limitada a acoger la nueva configuración y funciones del Senado.
En la nueva doctrina del PSOE de aquellos tiempos se empezaba a usar el concepto de “España plural” con cierta naturalidad. El término fue utilizado en la reunión de Santillana del Mar, donde se decía que “la esencia de la unidad de España es el reconocimiento de su pluralidad y que el Estado Autonómico no sólo es respetuoso con la pluralidad de las autonomías, sino que lo es también con la singularidad y la particularidad de hacer valer-sin quebranto de los principios constitucionales y los derechos iguales de los ciudadanos-las Comunidades Autónomas o cada Comunidad Autónoma”. Como vemos no se utilizaba el término “hechos diferenciales” pero usaba un sinónimo que es “singularidades”, lo que implica la aceptación velada de la asimetría, piedra angular desde el proceso constituyente del nacionalismo catalán y vasco, para el reconocimiento de sus “hechos diferenciales”, todo ello para que las “Comunidades Autónomas se sientan cómodas, y para que el espacio común y compartido sea habitable y aceptable para todos”.
Este esfuerzo de reforma no nacería fruto de una reforma general de todos los Estatutos de Autonomía, sino como resultado de la bilateralidad propia de reformas estatutarias particulares. Esto, lógicamente, no tiene nada que ver con un proyecto federal al uso, ni con una estructura de Estado integral, sino más bien con un “federalismo asimétrico que el PSOE no había defendido nunca desde el proyecto constituyente de 1978 hasta ese año de 2003, y que sería traducido en papel en el Estatuto de Cataluña con la aquiescencia del Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso y con la del propio Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005.
            Otro de los aspectos claves de Santillana del Mar fue marcar una serie de líneas rojas que no podían ser traspasadas por las reformas estatutarias promovidas o apoyadas por los socialistas españoles, algo que, posteriormente, se traspasaría con el Estatuto de Cataluña. En la declaración se propuso una “oposición frontal a todo segregacionismo o pseudosoberanismo”, en referencia a los primeros pasos del Plan Ibarretxe, y se quiso ajustar a una “impecable adecuación a la Constitución, a sus valores, y a la integridad política y territorial de España” y apostó por un amplio consenso social y político para fundar la iniciativa de la reforma estatutaria y congruencia en el proyecto político socialista. Algunas de estas líneas rojas no veían explicadas en el proyecto original y fueron incorporadas a partir de enmiendas de Rodríguez Ibarra y José Bono, pero no se cerró un tope competencial que no pudiese rebasar ningún estatuto de autonomía.
            El balance final de la reunión de Santillana del Mar es que todos los miembros de la misma salieron más o menos contentos. De un lado, el partido salió reforzado en su imagen de ocuparse de temas de interés nacional, los “barones regionales”, con Bono y Rodríguez Ibarra a la cabeza, también mostraron su satisfacción al haber marcado ciertas líneas rojas al modelo de Estado y los socialistas vascos vieron reconocidas sus preocupaciones a la vez que frenaban al Plan Ibarretxe. Los socialistas catalanes, por su parte, se mostraron especialmente satisfechos y así, para Joaquín Nadal “el documento intenta poner de manifiesto que el modelo constitucional está suficientemente maduro para que se pueda impulsar y hacer posible la diversidad y pluralidad so que nadie tiemble” y Pascual Maragall apuntó que “hemos puesto las bases del segundo cuarto de siglo de la España democrática…la España plural ha dado un paso de gigante y ha echado a andar con paso firme”.
Para finalizar, el secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso de clausura de las Jornadas de Santillana del Mar, destacó que esta declaración contiene un proyecto que consigue “madurar la España constitucional”, al desarrollar aspectos de la Constitución de 1978 que habían permanecido durante 25 años sin ningún tipo de cambio. Alabó la necesidad de dar un nuevo proyecto para la estructura territorial del Estado, sin cambiar el modelo del Estado de las Autonomías. Sobre todo destacó las propuestas de carácter general que habían salido de la reunión como la reforma del Senado y mecanismos de cooperación y como idea final y con respecto a las reformas estatutarias insistió que su objetivo era la mejora de las prestaciones de los ciudadanos y de la inmediatez y accesibilidad de las instituciones, exigiendo en todo caso la “adecuación a la Constitución”.
En el contexto actual donde más que nunca urge una revisión a fondo del funcionamiento del Estado autonómico y en el que el PSOE debe marcar una posición unitaria al respecto, sería bueno retomar el espíritu de Santillana del Mar. Eso sí, no traicionarle si no afianzarle con el horizonte de sentar las bases de una España plural en el que convivan en armonía todas las nacionalidades y regiones de España. Y para ello la aportación del PSOE debe ser clave, eso sí, con un discurso claro y meditado  y en el que todas las federaciones del partido sean leales y que, en ningún caso, vuelvan a traicionar el espíritu de aportaciones tan importantes en la historia socialista como la nacida en la reunión celebrada en Santillana del Mar.

LA REFORMA TERRITORIAL PENDIENTE


El pasado 6 de julio se celebró en Granada una importante reunión del Consejo Territorial del PSOE, de la que nació una declaración política que marcará el horizonte del modelo territorial que propone el partido en los próximos años.
Uno de los aspectos fundamentales en el proyecto de construcción nacional es definir el modelo territorial. España, en los dos últimos siglos, ha navegado en un mar sin rumbo definido, improvisando muchas veces la relación que se establecía entre sus ciudadanos y las instituciones políticas que les representaba.
 A lo largo del siglo XIX se sucedió un estado centralista, el nacimiento del foralismo vasco y navarro, la derogación del mismo en la Restauración y el alumbramiento de un siglo XX en el que España fue, de nuevo Estado centralista, Estado integral en la II República, vuelta al Estado unitario con Franco, para terminar el siglo en la España de las autonomías, desarrollada en el Título VIII de la Constitución de 1978.
 En todo este tiempo, el PSOE no ha tenido un modelo propio. En los primeros años de su fundación defendió su ideario internacionalista en el que no se contemplaba un Estado con fronteras nacionales. A partir de la Conjunción republicano-socialista acepta la articulación del Estado con sus instituciones pero siempre con una idea de partido obrero y español, nada amigo de las reivindicaciones nacionalistas vascas y catalanas de inicios del siglo XX.
 Tras vivir una fase de indefinición territorial en la Dictadura de Primo de Rivera, apuesta por el Estado integral de la II República, en el que se permite la autonomía del País Vasco y Cataluña. La Guerra Civil española, sepultará la autonomía política otorgada a Galicia, País Vasco y Cataluña en la Constitución republicana y también propiciará una época de destierro político en el que el modelo territorial pasaría a un plano muy secundario.
Después, tras la muerte de Franco, se abre un proceso constituyente en el cual el PSOE tiene una importancia determinante. Es responsable, junto con UCD, de perfilar el Estado de las Autonomías. Representa un modelo a medio camino entre el Estado federal y unitario. En su filosofía, espíritu y articulación es federal pero no en su definición teórica ya que incumple alguno de los postulados clásicos del federalismo al uso, incluida la prohibición expresa que recoge el Artículo 145 de la CE para que las distintas comunidades autónomas puedan federarse.
De cualquier manera, fue un mecanismo adecuado para solucionar las tensiones territoriales nacionalistas y españolistas que estaban encima de la mesa en la redacción de la Constitución de 1978. Su desarrollo posterior ha desbordado con mucho lo que se pensó inicialmente, lo que explica que el Tribunal Constitucional haya tenido que intervenir en distintas ocasiones, la última en la derogación de algunos artículos del último Estatuto de Cataluña.
Ante este panorama, es evidente que es necesaria una reforma territorial consensuada para lo cual es imprescindible una reforma constitucional, en especial del Título III y del Título VIII. Una reforma de este calado debe ser pactada y consensuada por el mayor número de partidos representativos lo que legitimaría el proceso y le dotaría de lealtad institucional. Apuesto por una visión autonomista que, bajo mi punto de vista, se ajusta mejor al perfil político de España que un modelo puramente federal.
Pienso que España, por su naturaleza política, necesita una asimetría competencial que le niega un federalismo ortodoxo. Cataluña y País Vasco requieren una respuesta diferencial que de ninguna manera un Estado federal puede garantizarle como tal. El cupo vasco y la foralidad navarra, por poner un ejemplo, pueden convivir con un Estado de las Autonomías, asimétrico en virtud de los distintos estatutos de autonomía, pero no lo podrían hacer en un esquema federal puro.
Creo en la inercia federal que reivindican la Declaración de Santillana del Mar y la Declaración de Granada pero veo que el proceso de construcción histórica de España, por su peculiaridad y su singularidad, en materia lingüística, social y cultural, demanda una respuesta que trasciende la oferta de un Estado federal al uso. Ni PNV, ni CiU, ni mucho menos BNG y ERC, por no hablar del sector más nacionalista del PSC ven con buenos ojos una reforma territorial que no contemple estas singularidades, de manera que la pretendida reforma no solucionaría el problema territorial que emerge del Título VIII de nuestra Constitución.
En consecuencia, apuesto por una reforma integral de la Constitución de 1978 en aspectos claves para darle una funcionalidad y una flexibilidad de la que carece en vista del desarrollo autonómico de los últimos treinta años. Sinceramente, el concepto de España federal, España plural o España autonómica es más una cuestión de etiqueta, una cuestión terminológica, que no se diferencia demasiado en la praxis política. Lo verdaderamente importante es reformar aquello que no funciona y perfeccionar todo lo que se ha demostrado útil y eficaz para el bienestar de los ciudadanos.
Propongo reformar el Título III, modificando el Artículo 69.2 para que el Senado sea elegido por una circunscripción electoral a nivel de comunidades autónomas y no por  circunscripción provincial, lo que dotaría de una cultura autonómica a la propia constitución de la Cámara Alta. A su vez, propongo modificar el Artículo 90, para que el Senado deje de ser una cámara de segunda lectura y se convierta en una cámara de primera lectura en leyes de ámbito autonómico. De esta manera, el Senado podría convertirse en una verdadera cámara territorial, votada democráticamente. En el tiempo político que vivimos se necesita más democracia en todas las instituciones. Sería un error mayúsculo designar a los senadores sin haber pasado previamente por las urnas.
Sería necesaria, además, la reforma del Título preliminar, para redefinir desde el Artículo 2 qué se entiende por nacionalidad y qué por región, lo que clarificaría bastante la doctrina jurídica que imparte el Tribunal Constitucional. No obstante, el verdadero nudo gordiano de la reforma sería la modificación completa del Título VIII de nuestra Constitución.
Es imprescindible que la Carta Magna explicite y enumere las comunidades autónomas, para lo cual se debería reforma el Artículo 137. El nuevo reparto competencial, vía modificación de los Estatutos de Autonomía, deberá quedar claramente definido en la reforma de los artículos 148, 149 y 150 de la CE. Su indefinición ha provocado todo un lío de transferencias a las comunidades autónomas a lo largo de estas tres últimas décadas.
Si se quiere realmente que España sea un país descentralizado y autonómico, deben eliminarse las diputaciones provinciales, para lo cual se reformaría el Artículo 141. Las competencias de las mismas quedarían delegadas en las comunidades autónomas y en las mancomunidades municipales.
El nuevo reparto fiscal y tributario debe quedar perfectamente definido en la modificación y desarrollo de los artículos 157 y 158. Esto eliminaría mucha falta de acuerdo en el Consejo de política fiscal y financiera y mucha falta de sintonía entre el Gobierno central y el de las comunidades autónomas.
El PSOE debe pilotar e impulsar este nuevo proceso, debe invitar al PP y al resto de partidos políticos a comenzar a trabajar en una necesidad urgente de acometer una verdadera reforma territorial imprescindible para vacunar a España de nuevos intentos soberanista que no conducen a otra cosa que a un peligroso enfrentamiento político entre regiones de España. Debe impulsar la iniciativa política ofreciendo un pacto integral para regenerar la vida democrática a todos los niveles incluyendo el nuevo pacto territorial nacido de la reforma constitucional
El pacto debe incluir la culminación de todas las transferencias contenidas en los nuevos estatutos de autonomía que estarían refrendados por la reforma constitucional pero debe alejarse de todo acercamiento al discurso soberanista, debe garantizarse la lealtad del PSC en esta materia. Su credibilidad como partido de gobierno a nivel estatal está en juego porque siempre debe garantizar el cumplimiento efectivo de todas las leyes salvaguardando la Constitución. También está en juego su futuro como partido de gobierno y como verdadero agente vertebrador de una España que necesita más que nunca un nuevo pacto constitucional a todos los niveles.